Derecho público económico

Verdadera palanca estratégica para los operadores y para la esfera pública, el derecho de la contratación pública regula el conjunto de los contratos mediante los cuales una persona pública o una persona privada sometida a este régimen satisface sus necesidades o delega la explotación de un servicio.

El despacho acompaña a los poderes adjudicadores y a las entidades adjudicadoras en todas las etapas del ciclo contractual. En la fase previa, intervenimos en la definición de la necesidad, la elección del esquema contractual, la estructuración del procedimiento de adjudicación, la redacción de los pliegos, la conducción de las negociaciones y la selección de las ofertas. En la fase de ejecución, les asistimos en la negociación y redacción de las modificaciones contractuales, la resolución de las dificultades surgidas y la anticipación de los riesgos de reclamación.

Paralelamente, el despacho interviene en favor de los operadores económicos, licitadores o adjudicatarios, a los que asiste en la estructuración de sus ofertas, el aseguramiento de sus esquemas y la defensa de sus intereses ante los tribunales (procedimientos cautelares precontractual y contractual, recursos de impugnación de la validez del contrato o de reanudación de las relaciones contractuales, acciones de responsabilidad).

Esta experiencia se extiende al conjunto de las cuestiones relativas al otorgamiento de títulos de ocupación del dominio público o privado con vistas a una explotación económica. El despacho asiste a los actores públicos, paraestatales y privados en la estructuración de sus proyectos de valorización patrimonial, la redacción de convenios de ocupación, autorizaciones de ocupación temporal y arrendamientos enfitéuticos administrativos (baux emphytéotiques administratifs), así como en los litigios correspondientes.

En un contexto en el que el apoyo financiero público es cada vez más intenso, el despacho acompaña a actores públicos y paraestatales en la concepción y construcción de proyectos que se benefician de dicho apoyo financiero para que sean conformes con el derecho de las ayudas de Estado (calificación, exención RGEC, otras vías de compatibilidad) y, cuando resulta necesario, en la conducción del proceso de notificación ante la Comisión Europea en coordinación con las autoridades francesas competentes (SGAE, ministerios).

El despacho asiste también a las empresas afectadas por el derecho de las ayudas de Estado, ya sean beneficiarias de un apoyo público cuya base jurídica es preciso asegurar, o competidoras perjudicadas por una ayuda concedida a un operador tercero. Intervenimos en apoyo de nuestros clientes para presentar denuncias, o preparar una defensa, en el marco de procedimientos de investigación formal incoados por la Comisión Europea. Esta intervención puede combinarse además con recursos ante los tribunales nacionales para obtener la suspensión o la recuperación de la ayuda.

El despacho acompaña a las entidades locales y sus agrupaciones en la elección del vehículo jurídico más adecuado para el desarrollo de sus actuaciones económicas (SEM, SPL, SEMOP, GIP, etc.) así como en la redacción de todos los documentos necesarios para su seguridad jurídica (estatutos, pactos de accionistas, formalidades de constitución, etc.).

Más allá de la fase de creación, el despacho asiste a sus clientes en la gobernanza de estas estructuras: funcionamiento de los órganos sociales, aseguramiento de las relaciones convencionales entre la sociedad y sus accionistas públicos, implantación de encargos a medios propios (in house) o tratamiento de las operaciones de capital. Esta experiencia se nutre de la práctica transversal del despacho en derecho de sociedades, derecho fiscal y derecho laboral, que permite abordar la vida de la empresa pública con la misma exigencia que la de las empresas privadas, integrando a la vez los requisitos específicos del derecho público.

El derecho penal público protege la probidad de la acción pública, la integridad de los responsables públicos y el respeto de las normas que regulan el uso de los fondos de las entidades públicas. Especialmente sensible, este contencioso conlleva considerables implicaciones institucionales, reputacionales y personales para los cargos electos, los empleados públicos, las entidades locales, las empresas públicas y los operadores económicos que contratan con la esfera pública.

El despacho acompaña a sus clientes en el conjunto de las infracciones vinculadas a la falta de probidad: negociaciones prohibidas a funcionarios, favoritismo, malversación de fondos públicos, exacciones ilegales, corrupción y tráfico de influencias. Nuestros abogados asisten tanto a cargos electos y empleados públicos investigados, a título individual o en relación con el ejercicio de sus funciones, como a operadores económicos expuestos a un riesgo penal por su relación contractual con una persona pública. Intervienen asimismo junto a las entidades locales y las empresas públicas que se personan como parte civil para defender sus intereses patrimoniales e institucionales.

Más allá de la defensa ante las jurisdicciones penales, nuestros abogados desarrollan una actividad de asesoramiento y prevención con la formación de cargos electos y empleados públicos.

El derecho urbanístico regula la edificabilidad de los terrenos y la ordenación del territorio. Se trata de un parámetro crucial para las empresas que desean desarrollar sus estructuras y para las entidades locales que desean desarrollar sus territorios.

El despacho acompaña así a sus clientes, entidades locales y empresas, en todo el componente urbanístico de los proyectos territoriales e inmobiliarios. Ya se trate de la representación de intereses en el marco de la elaboración o revisión de instrumentos de planeamiento (PLU, SCoT, etc.), de la realización de auditorías de licencias urbanísticas o de recursos contra dichos instrumentos y licencias, el despacho pone su experiencia al servicio de quienes construyen el futuro.

El despacho apoya asimismo a sus clientes en proyectos de gran envergadura, acompañándoles en asesoramiento y en litigación en el marco del urbanismo operativo (derecho de tanteo, ZAC, parcelaciones, etc.) y del urbanismo agrícola y comercial (CDAC, recursos ante la CNAC). Esta experiencia se combina con la práctica del despacho en derecho fiscal, para la fiscalidad urbanística, y en derecho penal, para el acompañamiento y la defensa de nuestros clientes frente a las normas urbanísticas sancionadoras.