Derecho ADUANERO

La clasificación arancelaria es el primer terreno de fricción con la administración. Determina no solo el tipo de derecho aplicable, sino también la exposición del operador a las medidas de política comercial; derechos antidumping, contingentes, restricciones a la exportación, licencias. Un cambio de código por parte de la administración puede transformar una operación rentable en una operación prohibida.

Nuestros abogados aseguran la clasificación de los productos de sus clientes, obtienen Informaciones Arancelarias Vinculantes (IAV, en francés Renseignements Tarifaires Contraignants o RTC) para fijar jurídicamente la clasificación durante tres años, e impugnan ante el juez las reclasificaciones arancelarias notificadas por la administración cuando responden más a un objetivo recaudatorio que a una aplicación fiel de la Nomenclatura Combinada.

El valor en aduana es el terreno predilecto de las regularizaciones. La administración dispone en él de considerables márgenes de apreciación, que moviliza con creciente intensidad, en particular frente a los grupos integrados cuyos flujos intragrupo exponen el valor de transacción a recalificaciones.

El despacho interviene en todos los puntos de fricción:

• inclusión de los gastos de transporte, de seguro y de los gastos accesorios hasta el punto de entrada,
• tratamiento de las comisiones, cánones y regalías,
• incidencia de las vinculaciones entre comprador y vendedor y articulación con la documentación de precios de transferencia,
• rectificaciones de valor notificadas por la administración y estrategia de impugnación, incluso ante el juez.

El Código Aduanero de la Unión ofrece a los operadores un arsenal de regímenes suspensivos que constituyen, para quienes saben movilizarlos, una palanca de competitividad decisiva; y para los demás, un coste oculto permanente. En un entorno en el que cada punto de margen cuenta y en el que los competidores extranjeros disfrutan de ventajas arancelarias considerables, el dominio de estos regímenes ya no es opcional.

El despacho acompaña a sus clientes en el conjunto de los regímenes económicos:

• el tránsito aduanero, para la circulación con suspensión de derechos,
• el depósito aduanero, para el almacenamiento de mercancías no comunitarias sin pago inmediato,
• el perfeccionamiento activo, para la transformación de mercancías destinadas a la reexportación,
• la importación temporal, para las mercancías reexportadas en el mismo estado,
• el despacho a libre práctica, en el momento de la introducción definitiva en el mercado de la Unión.

El origen se ha convertido en una de las cuestiones más sensibles del derecho aduanero contemporáneo. Determina el acceso a los derechos preferenciales previstos en los acuerdos de la Unión, pero también la exposición a los derechos antidumping, a las sanciones, al reglamento sobre el trabajo forzoso y, en el futuro, al mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Los intentos de elusión mediante transbordo, montaje marginal o falsa declaración de origen son perseguidos sistemáticamente por las administraciones europeas y estadounidenses, con graves consecuencias para los importadores de buena fe atrapados en cadenas de suministro insuficientemente controladas.

El despacho asegura la determinación del origen preferencial y no preferencial, audita las cadenas de suministro expuestas a un riesgo de recalificación y defiende a los operadores objeto de investigaciones de origen.

La guerra económica se libra también a la ofensiva. Cuando una industria europea se enfrenta a importaciones a precios predatorios o a competidores extranjeros masivamente subvencionados, el derecho de la Unión ofrece un arsenal poderoso: procedimientos antidumping y antisubvención, medidas de salvaguardia, Reglamento sobre subvenciones extranjeras (FSR), Reglamento contra la coerción.

El despacho acompaña a los industriales europeos en la preparación y presentación de denuncias ante la Comisión, así como a los importadores afectados por estos procedimientos cuando se trata de defender su modelo de negocio. Intervenimos en coordinación con las federaciones profesionales y las autoridades nacionales competentes.

El despacho de aduanas genera una arquitectura fiscal densa (derechos de aduana, IVA a la importación, impuestos especiales, tasas parafiscales, contribución CBAM a partir de 2026), cuyo dominio condiciona directamente la competitividad. El despacho asesora a sus clientes sobre el cálculo, la declaración y el pago de estos tributos, e interpone acciones de devolución o de impugnación cuando las cantidades reclamadas por la administración proceden de una lectura discutible de los textos.

Interviene asimismo en las cuestiones de representación aduanera, directa o indirecta, y en la elección del declarante adecuado a la estructura de las operaciones, elección que resulta determinante en un contexto en el que se exige con regularidad la responsabilidad del declarante.

La administración de aduanas dispone de prerrogativas de investigación que pocas administraciones igualan: controles por sorpresa, incautaciones, declaraciones, registros domiciliarios con autorización judicial, controles a posteriori de hasta tres años de antigüedad. Frente a este aparato, el operador aislado se encuentra en una situación de inferioridad estructural.

El despacho se posiciona como interlocutor sobre el terreno desde los primeros minutos del control: asiste a sus clientes en cada etapa del procedimiento, construye la estrategia de respuesta, negocia las regularizaciones cuando la vía amistosa es oportuna e interpone los recursos jerárquicos y contenciosos cuando la administración se extralimita. La resolución amistosa sigue siendo nuestro primer objetivo; el litigio, nuestro terreno natural cuando aquella ya no es posible.