CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 de octubre de 2026, n.º RG 25/19561, Subito.it y otros c. Google France y otros
El contencioso indemnizatorio de las prácticas anticompetitivas presenta una singularidad que el derecho internacional privado tiene dificultades para aprehender: la falta suele ser única, mientras que el daño se dispersa. Una misma decisión sancionadora se refiere a un mercado que se extiende a varios Estados; las víctimas son grupos cuyas filiales han sufrido cada una en su propio territorio; los autores son a su vez grupos cuyas sociedades se reparten entre Dublín, California y París. Si cada víctima litiga ante el juez de su perjuicio y cada autor exige ser juzgado en su domicilio, la reparación de una infracción única se divide en tantos procesos como fronteras existen.
La sentencia dictada el 14 de octubre de 2026 por la sala 5-4 del Tribunal de Apelación de París rechaza esta fragmentación[1]. Ocho sociedades italianas, alemanas, españolas y neerlandesa del grupo Adevinta-Leboncoin, que reclaman a Google 705 millones de euros por perjuicios sufridos exclusivamente fuera de Francia, podrán hacerlos juzgar en París. Google France, a la que la Autoridad francesa de la Competencia (Autorité de la concurrence) no había sancionado, forma según el tribunal una sola y misma empresa con las sociedades sancionadas; su presencia en el proceso atrae ante el juez francés al conjunto de los demandados. La solución aplica con rigor el marco que el Tribunal de Justicia había fijado seis meses antes. Solo se comprende plenamente a la luz de los argumentos intercambiados por las partes, cuya exposición es lo único que permite medir sus recursos para el contencioso de la competencia internacional.
Una decisión firme, una víctima que había contribuido a la instrucción. Mediante su decisión n.º 21-D-11, de 7 de junio de 2021, la Autoridad francesa de la Competencia impuso una multa de 220 millones de euros a Google LLC, Google Ireland Ltd y Alphabet Inc. por haber abusado de su posición dominante en el mercado europeo de los servidores publicitarios destinados a los editores, en infracción del artículo 102 TFUE y del artículo L. 420-2 del Código de Comercio[2].
Las sociedades francesas del grupo requirieron formalmente a Google, en abril de 2023, el pago de 82 millones de euros por el solo perímetro francés y solicitaron a continuación la comunicación de los documentos del expediente de la Autoridad de la Competencia francesa (Autorité de la concurrence) útiles para cuantificar su perjuicio, lo que Google denegó. El 23 de agosto de 2024, el conjunto de las sociedades del grupo demandó en procedimiento urgente de provisión (référé-provision) a Google France, Google Ireland, Google LLC y Alphabet ante el presidente del Tribunal de Comercio (tribunal de commerce) de París, que remitió el asunto al fondo a través de la pasarela del artículo 873-1 del Código de Procedimiento Civil francés (code de procédure civile). El Tribunal de Comercio de París (tribunal des activités économiques) escindió el litigio el 27 de octubre de 2025: competente respecto de las sociedades francesas, se declaró incompetente respecto de las ocho sociedades extranjeras, consideradas carentes de un vínculo suficiente con el objeto de la infracción e invitadas a «acudir a la jurisdicción competente» (à mieux se pourvoir), es decir, a los tribunales de los países en los que habían sufrido sus perjuicios; en cuanto al perjuicio francés, reabrió los debates[3]. Estas sociedades interpusieron recurso de apelación y solicitaron la avocación (évocation) de sus pretensiones, cuantificadas en 705 millones de euros sobre la base de un informe de la consultora CRA que valora en 952 millones de euros el perjuicio del conjunto del grupo[4].
Dos lecturas del artículo 8, punto 1. El debate se centró en el artículo 8, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012, denominado Bruselas I bis, que permite demandar a varios demandados «ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente».
Las apelantes presentaban a Google France como un demandado ancla legítimo, por formar con las sociedades sancionadas una unidad económica en el sentido de la jurisprudencia europea. Invocaban el papel de la filial francesa en sus relaciones con Google (un equipo local puesto a su disposición, la prospección llevada a cabo para que migraran su servidor publicitario a las herramientas de Google), las sentencias parisinas que habían constatado su actividad real en las acciones de otras víctimas («no se discute que la captación de los clientes editores la realiza Google France», señalaba la sentencia dictada en el asunto Equativ), su contrato de prestación de servicios con Google Ireland, las deliberaciones de la CNIL que la describen actuando por cuenta de la sociedad irlandesa y la entrada publicada por su directora jurídica el mismo día de la decisión.
Google consideraba, por el contrario, artificial la llamada al proceso de su filial. No se formulaba contra ella ninguna pretensión distinta; la Autoridad no le había imputado ningún cargo; los servicios en cuestión son diseñados por Google LLC y vinculados contractualmente a Google Ireland; las intervenciones de la filial francesa, puntuales, eran posteriores a las prácticas; los tribunales, por lo demás, habían exonerado a Google France en numerosas ocasiones en litigios relativos a los servicios del grupo. A falta de demostración de su responsabilidad solidaria, el riesgo de resoluciones contradictorias no quedaba acreditado; siendo el juez natural de las apelantes el irlandés o el del lugar de su daño, la desviación de foro parecía caracterizada[5]. Tampoco podía acogerse el foro del lugar del hecho dañoso, al estar localizado el daño de cada filial en su propio país. Las apeladas añadían que ninguna norma permite agrupar en la sede de un grupo las pretensiones de sus distintas entidades, dado que el Tribunal de Justicia había descartado, a propósito del artículo 7, una «aplicación inversa» del concepto de empresa[6], y que la previsibilidad del foro se aprecia en la fecha de los hechos, no a la luz de los procesos iniciados desde entonces.
Por qué el foro del codemandado. El terreno elegido por las apelantes no era fruto del azar. El foro del lugar del hecho dañoso del artículo 7, punto 2, les ofrecía poca cosa: el Tribunal de Justicia localiza el daño concurrencial en el mercado afectado, solo atiende al domicilio social de la víctima en supuestos particulares, en especial cuando sus compras se efectuaron en varios lugares de ese mercado, y limita la competencia del juez del lugar del daño al perjuicio sufrido en su circunscripción[7]. Una filial italiana cuyos ingresos publicitarios se vieron mermados en el mercado italiano difícilmente podía encontrar en París al juez de su daño. El foro del codemandado se extiende, por el contrario, a la totalidad del perjuicio, incluso el sufrido en el extranjero[8]. Todo el asunto descansaba así en la condición de ancla de Google France.
La plantilla del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Apelación distingue en primer lugar dos textos: el artículo 8, punto 1, para Google Ireland, domiciliada en un Estado miembro; el artículo 42, párrafo segundo, del Código de Procedimiento Civil francés, extendido al orden internacional por las sentencias Pelassa y Scheffel, para Google LLC y Alphabet, domiciliadas en los Estados Unidos, dado que el Reglamento solo se aplica a los codemandados domiciliados en la Unión[9]. Ordena a continuación la jurisprudencia europea: la sentencia CDC para los participantes en un cártel establecidos en Estados diferentes, la sentencia Sumal para la acción dirigida contra una filial en razón de la infracción de su sociedad matriz, la sentencia Athenian Brewery para la configuración inversa[10]. Su último estado es la sentencia de 16 de abril de 2026, dictada en respuesta a una cuestión prejudicial del Gerechtshof de Ámsterdam el mismo día que una sentencia gemela en el asunto Smurfit Kappa. El ancla era, en un caso, una sociedad holding neerlandesa del grupo Prysmian a la que no se dirigía la decisión de la Comisión sobre el cártel de los cables de alta tensión; en el otro, sociedades neerlandesas del grupo Smurfit Kappa que no eran destinatarias de una decisión de la autoridad italiana de la competencia[11]. El Tribunal de Justicia declara que un demandado ancla no designado por la decisión sancionadora puede fundar la competencia respecto de sociedades sobre las que existen indicios serios de que pertenecen a la misma empresa que él; que la previsibilidad del foro no es un criterio autónomo; que las posibilidades de éxito de la demanda dirigida contra el ancla no deben examinarse, salvo como indicio de una creación artificial de las condiciones de aplicación de la norma. Que el daño se haya producido fuera del Espacio Económico Europeo, sufrido en ese caso por empresas del Golfo, no hace por sí solo que la demanda sea manifiestamente infundada.
De este conjunto, el Tribunal de Apelación extrae una plantilla. La unidad económica supone vínculos económicos, organizativos y jurídicos entre las sociedades y un vínculo concreto entre la actividad de la filial y el objeto de la infracción; basta, en la fase de competencia, con que «no quede excluido» que los demandados pertenezcan a la misma empresa. El fundamento de la demanda queda fuera del debate; no existe ninguna condición autónoma de ausencia de desviación de foro, puesto que la conexidad la excluye por sí misma; la previsibilidad se concreta en los criterios de la relación estrecha; la complejidad de las acciones de daños en materia de competencia justifica la concentración de las competencias[12]. Esta última proposición se apoya en particular en una sentencia dictada a propósito del artículo 7, punto 2, en el litigio que enfrenta en los Países Bajos a dos fundaciones con Apple en relación con la App Store neerlandesa. El préstamo revela la ambición del tribunal: la concentración del contencioso se convierte, en materia de competencia, en un valor común a los distintos foros de competencia del Reglamento. Al ser ambos textos «sustancialmente convergentes» y unitario el concepto de empresa, no procede, añade el tribunal, distinguir según que el codemandado esté domiciliado en un Estado miembro o en un tercer Estado.
Google France bajo la mirada del tribunal. La aplicación a los hechos procede por acumulación de indicios. Google France está participada al 100 % por Google LLC, a su vez participada por Alphabet; sus estatutos se refieren a la intermediación en materia de venta de publicidad en línea, es decir, los mismos servicios que sanciona la decisión; las ofertas presentadas en abril de 2019 al grupo Leboncoin, en la licitación para la elección de su servidor publicitario que ganó Google, presentaban a los equipos parisinos como un «strong local support»; la CNIL, mediante deliberaciones de 2021 y de 2025, había señalado que Google France promueve la publicidad en línea por cuenta de Google Ireland; Google LLC diseña los productos en cuestión y define la estrategia, sin que Google Ireland, cabeza de puente del grupo en la Unión, determine de forma autónoma su comportamiento en el mercado; la entrada de su directora jurídica se refería a las sociedades sancionadas en primera persona del plural («hemos asumido compromisos», «nuestras herramientas», «hemos colaborado con la autoridad francesa de la competencia»)[13]. El tribunal deduce de ello la existencia de vínculos económicos, organizativos y jurídicos y, después, de un vínculo concreto entre la actividad de Google France y la infracción: Google France, Google LLC y Alphabet forman una sola y misma empresa. Además, «no queda excluido» que las cuatro demandadas formaran parte de ella en el momento de la interposición de la acción.
Previsibilidad y ausencia de artificio. Quedaba la relación estrecha entre las demandas. El foro parisino era previsible para las demandadas: la decisión emana de la autoridad francesa y dio lugar a compromisos de tres de ellas; otras víctimas las habían demandado en París ya en diciembre de 2021, tomando a Google France como ancla; Leboncoin había contribuido a la instrucción y figuraba entre los editores perjudicados que citaba el comunicado de prensa de la Autoridad. No se caracteriza ningún artificio: Google analiza la competencia a escala del Espacio Económico Europeo, ya que documentos hechos públicos en el proceso estadounidense revelan su estrategia europea respecto del grupo Adevinta; la decisión se refiere a un mercado de dimensión europea; las demandas se basan en la misma decisión, los mismos hechos ilícitos, el mismo nexo causal y la misma tipología de daños. Por último, la agrupación permite cuantificar el perjuicio en un informe económico único, debatido contradictoriamente con el perito de Google[14]. La sentencia queda revocada; no se anula, ya que la crítica de una motivación, aunque sea manifiestamente errónea, solo abre la vía de la reforma (réformation). El Tribunal de Comercio de París (tribunal des activités économiques) conocerá de las pretensiones de las ocho sociedades extranjeras. En cambio, se deniega la avocación (évocation), al no estar el asunto en condiciones de recibir una solución definitiva en apelación mientras los debates prosiguen ante el tribunal[15]. La negativa a avocar preserva la doble instancia; devuelve el perjuicio europeo a los jueces de primera instancia, ante los que el informe económico de las demandantes ya había sido debatido, según ellas, con el perito de Google.
París entre los foros del contencioso europeo. Ya en 2003, la resolución inglesa Provimi admitía que una filial establecida en el Reino Unido sirviera de ancla respecto del conjunto de los demandantes sin haber estado personalmente implicada en la práctica[16]. El Brexit sustrajo Londres al sistema de Bruselas; Ámsterdam tomó el relevo, como acreditan las dos cuestiones prejudiciales resueltas el 16 de abril de 2026; París se inscribe en adelante en esta línea. Del juez inglés de 2003 al Tribunal de Justicia interrogado por el juez neerlandés y, después, al Tribunal de Apelación de París, la misma regla procede del mismo principio, la unidad de la empresa, que el derecho de la competencia impone y que el derecho internacional privado recoge.
Las sociedades matrices estadounidenses al alcance del juez francés. La alineación operada con el artículo 42, párrafo segundo, permite demandar en París, junto a su filial francesa, a la sociedad matriz establecida en un tercer Estado. Dos sociedades que pertenecen a la misma empresa y responden de la misma infracción no pueden depender de foros diferentes por el solo motivo de que una esté inscrita en Irlanda y la otra en Delaware. La sentencia dictada contra ella circulará por toda la Unión conforme al régimen de reconocimiento y ejecución del Reglamento Bruselas I bis, que se aplica a las resoluciones dictadas en un Estado miembro con independencia del domicilio del demandado[17]. El juez parisino se convierte así en un medio de alcanzar el centro de decisión de la empresa autora de la infracción, al menos mientras la ejecución pueda dirigirse contra activos situados en la Unión.
El ancla se prueba con documentos accesibles. Los documentos tenidos en cuenta por el tribunal son, en lo esencial, de los que una víctima puede reunir por sus propios medios: estatutos de la filial, ofertas comerciales recibidas, deliberaciones de otra autoridad administrativa, resolución dictada en otra materia, comunicación pública del grupo. La mayoría podía reunirse incluso antes de la demanda. El estándar del «no queda excluido» aligera aún más la carga, siempre que se trate de un ancla real, cuya actividad coincida con el período de la infracción[18]. La comunicación de grupo merece una atención particular: a un grupo que se presenta ante el público en su unidad le costará alegar ante el juez la pluralidad de sus personas jurídicas.
La sentencia de 14 de octubre de 2026 confirma que el concepto de empresa, forjado para imputar las infracciones y calcular las multas, se ha convertido en una regla de geografía judicial. El derecho de la competencia había aprendido a mirar a través del velo de las personas jurídicas para designar al deudor de la sanción; el derecho internacional privado aprende a su vez a mirar a través de ese mismo velo para designar al juez de la reparación.
Corresponde ahora al Tribunal de Comercio de París (tribunal des activités économiques) decidir si la concentración obtenida en el umbral del proceso resiste la prueba del fondo, ya se trate de la responsabilidad de Google France, del alcance de la decisión de la Autoridad más allá del mercado francés o de la ley aplicable a los perjuicios extranjeros. El juez de la empresa se ha convertido en el juez de todo el daño; queda por saber qué derecho le aplicará.
[1] CA Paris, pôle 5, ch. 4, 14 oct. 2026, n.º RG 25/19561, en apelación de T. activités éco. Paris, 27 oct. 2025, RG n.º 2024073114. Los apartados citados sin otra indicación remiten a esta sentencia.
[2] Aut. conc., decisión n.º 21-D-11 de 7 de junio de 2021, tal como la resume la sentencia (§ 6 a 8).
[3] § 9 a 13.
[4] § 14, 16 y 65; para una crónica de prensa, J.-M. De Marchi, «Leboncoin obtient que ses 705 millions d’euros de préjudices réclamés hors de France contre Google soient jugés à Paris», mind Media, 15 oct. 2026.
[5] § 35 a 40; dictamen de la profesora Idot, recogido en el § 39.
[6] § 41. La sentencia no precisa la resolución aludida; el argumento parece remitir a TJUE, 4 de julio de 2024, MOL, C-425/22, que deniega a la sociedad matriz el foro de su domicilio social por el sobrecoste sufrido por sus filiales.
[7] TJUE, 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17; TJUE, 15 de julio de 2021, Volvo e.a., C-30/20; TJCE, 7 de marzo de 1995, Shevill, C-68/93.
[8] Cass. com., 20 sept. 2016, n.º 14-25.131.
[9] § 42, 43 y 47; Cass. civ. 1re, 19 oct. 1959, Pelassa; Cass. civ. 1re, 30 oct. 1962, Scheffel (la sentencia escribe «Pelissa et Sheffel»); TJUE, 11 de abril de 2013, Sapir e.a., C-645/11.
[10] § 44; TJUE, 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13; TJUE, 6 de octubre de 2021, Sumal, C-882/19; TJUE, 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery et Heineken, C-393/23. La sentencia fecha por error Sumal el 21 de mayo de 2015 y Athenian Brewery unas veces el 13 y otras el 18 de febrero de 2025.
[11] § 45; TJUE, 16 de abril de 2026, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e.a., C-672/23, y Smurfit Kappa Europe e.a., C-673/23, cuyos hechos se relatan a partir de comentarios de profesionales (Greenberg Traurig, Legal 500, 6 de mayo de 2026; National Law Review) y del blog de la EAPIL (20 de abril de 2026).
[12] § 46; además de la sentencia C-672/23, TJUE, 7 de septiembre de 2023, Beverage City Polska, C-832/21; TJUE, 2 de diciembre de 2025, Stichting Right to Consumer Justice et Stichting App Stores Claims, C-34/24.
[13] § 50 a 54.
[14] § 55 a 61.
[15] § 62 a 74 y fallo.
[16] Roche Products Ltd e.a. v Provimi Ltd [2003] EWHC 961.
[17] Reglamento (UE) n.º 1215/2012, art. 36 y ss.
[18] T. com. Paris, 21 oct. 2024, n.º 2022039370, que exige un demandado ancla realmente implicado en el litigio.
